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Sentencia 014-10-SEP-CC - Derecho constitucional que se discute: Debido proceso, en su vertiente derecho a la defensa

Por Vanesa Aguirre Guzman

Análisis de sentencia

Juzgador: Pleno de la Corte Constitucional

Materia: Constitucional - Acción extraordinaria de protección

Demandante: AUTEC S.A.

Demandado: TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A.

Asunto: Violación del debido proceso por haberse irrespetado el derecho a la defensa, a presentar pruebas y contradecir, y recurrir del fallo en todos los procedimientos en que se decida sobre los derechos de una persona.

Sentencia: 014-10-SEP-CC

Fecha de la sentencia: 14 de mayo de 2009

Hechos

1. AUTEC S.A. deduce acción extraordinaria de protección contra la resolución que le condena a pagar a TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A. una cantidad correspondiente al 12.5% del valor del precio total pactado en el contrato (en la sentencia de la Corte Constitucional no se hace referencia al tipo de contrato), pues considera que se le ha vulnerado su derecho a la defensa y a presentar pruebas y contradecir los argumentos presentados por la contraparte, en el juicio verbal sumario que siguió en su contra TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A.

2. AUTEC pidió al juez de primera instancia que se revoque la declaratoria de confeso de su representante legal, y que el representante judicial de TRANS-ESTIBA rinda a su vez confesión judicial, pedidos que —alega— no fueron despachados por el juzgador.

3. AUTEC solicitó que se declare la nulidad por violación de trámite; sin embargo, dice, estos petitorios tampoco fueron atendidos por el tribunal ad quem, ni por el tribunal de casación, los cuales consideraron que la compañía pudo ejercer su derecho a la defensa a lo largo del proceso, y que las mencionadas violaciones no son vicios que inciden en la decisión de la causa.

Fundamentos jurídicos invocados por el accionante:

  1. Art. 75 de la Constitución (derecho de acceso a la justicia y tutela efectiva)
  2. Art. 76, numeral 7, letras a, c, h y m ibídem (derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa).
  3. Arts. 94, 437 [sic] y 52 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el período de transición.
  4. Art. 82 de la Constitución (derecho a la seguridad jurídica)

Argumentos jurídicos por parte del juzgador:

La Corte Constitucional estima que al haberse declarado confeso al representante judicial de AUTEC sin que la justicia ordinaria haya despachado su petitorio de revocatoria de aquella declaración, como el hecho de que el juzgado no haya ordenado la práctica de la confesión judicial del representante judicial de TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL, se ha vulnerado el derecho a la defensa del hoy actor, a presentar pruebas y contradecir los argumentos de la contraparte, por lo cual se afecta, finalmente, su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Comentarios:

En otros procesos que tienen relación con la falta de despacho de medios probatorios (p. ej., 004-09-SEP-CC, de 15 de abril de 2010), la Corte ha dicho que la valoración de la prueba (tomado este término como el resultado de la apreciación de los medios probatorios presentados por las partes), es una atribución exclusiva de los jueces y tribunales de la justicia ordinaria, que no puede ser impugnado a través de la garantía jurisdiccional ya mencionada; y si hubo oportunidad de actuar otros medios, no se afecta el derecho a la defensa.

En este caso, en cambio, adopta una posición más abierta, si cabe el término, en cuanto estima que los jueces deben despachar, necesariamente, todas las peticiones que les presentan las partes. Este enunciado es inicialmente correcto; sin embargo, faltó analizar si efectivamente esa violación procesal incidió o no en la decisión de la causa. Este motivo ni siquiera es referido por la Corte, al punto de que el lector fácilmente puede estimar que, en efecto, no hubo más medios probatorios a analizar por parte de la justicia ordinaria, con lo cual se justificaría que la Corte haya concluido, a priori, que se vulneró el derecho al debido proceso por no haberse despachado la prueba que decidía la pretensión invocada por la parte que hoy deduce la acción extraordinaria de protección. De este modo, deslegitima el uso de la garantía, al permitir que por su vía se discutan un tema relativo a la prueba, exclusivo de la justicia ordinaria.