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La sentencia en el caso Chevron: una explicación desde lo ambiental

La sentencia en el caso Chevron: una explicación desde lo ambiental

 

Por: Francisco Bustamante Romo Leroux[1]

Introducción

En días recientes, la Corte Constitucional del Ecuador expidió la sentencia n° 230-18-SEP-CC[2], la cual resulta ser de trascendental importancia y, que con seguridad generará distintas impresiones y reacciones no sólo a nivel nacional sino en todo el mundo.  Más allá de la posibilidad real de ejecutar lo ordenado por la justicia, este fallo tiene mucha importancia para quienes nos hemos inclinado por la rama ambiental del derecho pues la Corte Constitucional aborda y analiza al derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 14 de la Constitución de la República,  ampliando el alcance y contenido del mismo.

Conforme se observará en párrafos siguientes, la Corte a lo largo de su fallo enfoca el análisis en aspectos de carácter procesal como domicilio, competencia, jurisdicción, supuesto fraude procesal, valoración probatoria, entre otros temas. Sin embargo de aquello, la Corte también logra vincular otros aspectos procesales con la protección del citado derecho.

Para este fin, en primer término se expondrán brevemente antecedentes de carácter procesal, es decir, cómo llega a conocimiento y resolución de la Corte Constitucional. A continuación, se expondrán los principales alegatos efectuados por el accionante en su acción extraordinaria de protección. Finalmente, una vez que se cuente con estos elementos, se intentará identificar los principales argumentos vertidos por la Corte y que repercuten directamente sobre el alcance y contenido de este derecho.

Es importante anotar previamente, que el derecho al medio ambiente sano, a diferencia de los derechos de la naturaleza, ha sido objeto de análisis tanto a nivel nacional como internacional. Así por ejemplo,  la Corte Interamericana, en su Opinión Consultiva OC 23-17 de 15 de noviembre de 2017, determinó los elementos que componen este derecho. En el caso ecuatoriano este derecho ya ha sido objeto de análisis a través de jurisprudencia y desarrollado a través de normativa legal e infra legal.

En esta línea, el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 5, dota de contenido al derecho al medio ambiente sano, el cual, según el mismo, comprende entre otros: la conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, el manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles y amenazados;  la conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos; etc.

De esta manera, la importancia de este fallo radica en que además de comprender lo señalado en la norma legal, este derecho tiene otras implicancias y connotaciones las cuales son analizadas y plasmadas por la Corte Constitucional a lo largo de su fallo. Con base a lo anotado, el presente documento intenta identificar aquellos argumentos efectuados por el máximo organismo de interpretación y administración de justicia en materia constitucional, que tengan relación con el derecho al medio ambiente sano, y con ello comprender los efectos del fallo sobre el contenido y el alcance del mismo.

 

Antecedentes procesales relevantes

La acción extraordinaria de protección tuvo como origen la demanda por daños ambientales presentada por la señora María Aguinda y otros en contra de Chevron. El Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos – autoridad competente para resolver los juicios por daños ambientales de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental (en adelante LGA) - sentenció a Chevron al pago de alrededor de 18. 200 millones de dólares por concepto de daño ambiental difuso y daños punitivos; además de obligar a la operadora al pago de la indemnización agravada en favor de los demandantes, según lo establece la citada norma.

Dicho fallo fue apelado por Chevron, pedido que fue negado por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, por medio de providencia dictada el 03 de enero de 2012. De la negativa antes referida, Chevron presentó recurso de casación, el mismo que fue resuelto por medio de la sentencia que se impugnó  a través de la acción extraordinaria de protección. Esta sentencia, es decir, la dictada el 12 de noviembre de 2013 por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en su parte resolutiva, determinó textualmente:

“…Por las motivaciones expuestas, este Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ' ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR LA AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA', en conformidad con el artículo 16 de la Ley de Casación, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, el 3 de enero de 2012, las 16h43, en los términos que constan en los numerales 6.2 del Considerando Sexto y 7.5 a) del Considerando Séptimo de la presente resolución; en cuando (sic) a los daños punitivos no se encuentran regulados en el ordenamiento jurídico nacional, no procede las disculpas públicas y por consiguiente la condena al pago por este concepto. En todo lo demás se estará en la sentencia del Tribunal Ad quem, dictada el 03 de enero de 2013, que reforma la de la primera instancia…”

En vista de la decisión  adoptada por la Corte Nacional, Chevron Corporation por medio de su procurador judicial, presentó la acción extraordinaria de protección que fue resuelta mediante sentencia del Pleno de la Corte Constitucional el 27 de junio de 2018, objeto del presente análisis.

 

Principales alegaciones efectuadas por Chevron

Conforme consta de la sentencia dictada por la Corte Constitucional, la cual es la referencia para el presente análisis, se observa que Chevron Corporation efectuó una serie de alegaciones, parte de estos, relacionados con temas de carácter procesal desde fraude, falta de jurisdicción y competencia de jueces ecuatorianos, valoración probatoria., entre otros.

Así mismo, fundamentó su acción en tres aspectos vinculados con el derecho a la seguridad jurídica: a) el desconocimiento por parte de los jueces de casación de los contratos de transacción y liberación de obligaciones suscrito entre el Estado ecuatoriano y TexPet y su matriz Texaco Inc; b) la aplicación retroactiva de la Ley de Gestión Ambiental (Art. 43); y c) la aplicación retroactiva de la responsabilidad objetiva por daños ambientales. Como  se verá más adelante, estos temas se tornan relevantes pues es a partir de ellos que la Corte reflexiona y se pronuncia sobre el derecho al ambiente sano.

A breves rasgos, en cuanto al desconocimiento del contrato de liberación de responsabilidad suscrita el 04 de mayo de 1995 entre el Ecuador y TexPet, el accionante  señaló que se cumplieron con todas las medidas de reparación ambiental pertinentes establecidas en el contrato. De acuerdo con Chevron, Texaco ya habría sido liberada de cualquier obligación de remediación ambiental a través de los contratos de transacción, por lo que volverla a responsabilizar por los mismos hechos constituiría una vulneración al principio de cosa juzgada y a la seguridad jurídica.

De igual manera, alegan vulneración a la seguridad jurídica pues adicionalmente a la aplicación retroactiva de la LGA, se les condenó al pago de un porcentaje adicional (10%) por concepto de indemnización agravada en favor de los demandantes en el juicio civil, monto que a su vez y a criterio del procurador judicial de Chevron constituye una norma sustantiva, resultando ser inaplicable. En esta línea, cuestiona además el hecho que se les haya aplicado el régimen de responsabilidad objetiva, el cual, de acuerdo al accionante en la época de las operaciones, no existía este régimen.

A continuación, se expondrán los que a mi juicio constituyen los principales razonamientos vertidos por la Corte respecto del derecho al medio ambiente sano en el marco de argumentaciones alegadas por la parte accionante, relacionadas principalmente con la supuesta vulneración del derecho a la seguridad jurídica.

 

Sobre la supuesta cosa juzgada y vulneración al derecho a la seguridad jurídica

Conforme se señaló en líneas anteriores, el accionante argumentó la violación del principio procesal de cosa juzgada y seguridad jurídica dado que a su criterio, se ha irrespetado el Contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas de 04 de mayo de 1995, por el cual se libera a TexPet y sus afiliadas, respecto de la responsabilidad por daños ambientales en la zona de concesión[3].

 

Para resolver el asunto planteado la Corte emite criterios previos - ya conocidos- respecto del derecho a un medio ambiente sano, y su relación con la consecución de otros derechos como el derecho a la salud y a una vida digna. A continuación se refiere a la supuesta configuración de cosa juzgada, criterio que fue desvirtuado por la Corte en vista que no se cumplían los requisitos para que opere dicha figura.[4]

Luego de ello, este organismo jurisdiccional efectúa una serie de razonamientos que a mi criterio resultan ser importantes en relación al derecho citado y que los resalto a continuación:

  • Se refuerza la idea que el derecho al medio ambiente sano, como derecho colectivo, representa un límite al poder público.[5]
  • El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al igual que el resto de derechos constitucionales, es irrenunciable; consecuentemente el Estado no se encuentra facultado para disponer este derecho, a través de la suscripción de convenios transaccionales:

“…A partir de este principio, es evidente que el Estado ecuatoriano no se encontraba facultado para a través de un convenio transaccional disponer de los derechos de terceros, en este caso, de un derecho colectivo correspondiente a las ciudadanos en general; teniendo en cuenta además, que dada la naturaleza de los derechos colectivos, estos han sido reconocidos precisamente para frenar los abusos del poder, limitar a las mayorías y establecer un reconocimiento especial a favor de determinados grupos de individuos, por consiguiente, no corresponde al Estado disponer de estos derechos a través de acuerdas en los que se libere a terceras de las responsabilidades en las que puedan incurrir debido a sus actuaciones, pues ello significaría una clara afectación a los principios de irrenunciabilidad e inalienabilidad de los derechos …”[6]

En este sentido, la Corte determinó que el derecho a un medio ambiente sano no puede ser objeto de convenios transaccionales que liberen de responsabilidad a las partes en caso de producirse daños ambientales, como es el caso que nos ocupa, en virtud que este es un derecho colectivo irrenunciable y como tal limita la actuación del Estado y de otros particulares. Por lo tanto cualquier contrato o acuerdo que suscriba el Estado con un particular, no puede contemplar cláusula por la cual se libere de responsabilidad a cualquiera de ella respecto de los daños ambientales generados.[7]

 

Sobre la supuesta vulneración a la seguridad jurídica por aplicación retroactiva de la Ley de Gestión Ambiental

Uno de los argumentos del accionante consistió en que, tanto la aplicación retroactiva del artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental[8] así como la aplicación del beneficio adicional (indemnización agravada) del diez por ciento contemplado en dicha norma, contravienen la seguridad jurídica, considerando que  el Código Civil vigente a la época, no contemplaba la aplicación de dicha indemnización.[9]

Luego de referirse al principio de irretroactividad de la normas como pilar de la seguridad jurídica, la Corte determina que las normas adjetivas sí pueden ser aplicadas de manera retroactiva[10], por lo que identifica como problema a resolver si el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental, en especial, el beneficio adicional del diez por ciento, corresponde a una norma sustantiva o adjetiva.[11]

Con esta aclaración la Corte continúa su análisis señalando que “…si bien la Ley de Gestión Ambiental, viene a definir con mayor claridad la forma como se juzgarán los daños ocasionados por contaminación ambiental, es el Código Civil la norma que determinó, mucho antes de la existencia de la Ley de Gestión Ambiental, qué actuaciones jurídicas son las fuentes de la responsabilidad civil…”.[12]

Dicho de otro modo, la Corte Constitucional determinó que si bien no se encontraba vigente la Ley de Gestión Ambiental al momento de las operaciones, sí se encontraba vigente el Código Civil, cuerpo legal que contemplaba la responsabilidad civil extracontractual:

“…la Corte Constitucional entiende que en efecto, Chevron ha sido juzgado durante las instancias judiciales en base al derecho sustantivo de daños creados por el Código Civil, el cual, antes de la existencia de la Ley de Gestión Ambiental, ya impedía el ocasionar daños a otros pese a no mantener con estas personas una relación jurídica previa, tal como ocurrió entre Chevron y los afectados por la contaminación. Se descarta por lo tanto, que el derecho de las personas a reclamar frente a haber sido víctimas de un daño ambiental, haya sido aplicado en forma retroactiva a los actos cometidos por Chevron, pues el Código Civil y las disposiciones aplicables en el caso entraron en vigencia incluso antes de que TexPet iniciara sus operaciones en el Ecuador.”[13]

Una vez que la Corte dejó claro el régimen aplicable a la época de las operaciones, enfoca su análisis en determinar la factibilidad de la aplicación retroactiva del artículo 43 de la LGA, en cuanto a si la indemnización agravada del 10 % en favor de los demandantes del daño ambiental, es una norma sustantiva o adjetiva a efectos de determinar la validez de su aplicación retroactiva.

Es a raíz de esta inquietud que la Corte hace una serie de reflexiones empezando por destacar, a priori, el carácter sustantivo de la norma que contiene la indemnización agravada. No obstante de ello, indica que el principio de irretroactividad de las normas tiene sus excepciones, en especial, cuando se presentan conflicto entre derechos.[14] En esta línea, la Corte identifica dos razones o situaciones fronterizas, es decir, cuando existe colisión de derechos: a) la aplicación retroactiva de la indemnización agravada de Ley de Gestión Ambiental en detrimento de la seguridad jurídica; y, b) la aplicación retroactiva de la indemnización agravada de la Ley de Gestión Ambiental constituye una norma más favorable a la satisfacción del derecho al ambiente sano y otros derechos humanos en tanto “…constituye una norma encaminada a mitigar los daños sufridos por quienes se vieron afectados por la contaminación ambiental, a recomponer el ambiente y también constituye un mecanismo para persuadir que dichos daños sigan ocurriendo…[15].

Ante lo señalado, la Corte observa que en el caso puesto a su conocimiento existe un conflicto entre el derecho a la seguridad jurídica vs el derecho a un ambiente sano, ante lo cual se plantea la siguiente interrogante: “¿en materia ambiental, es factible realizar una aplicación retroactiva de las normas en disminución del derecho a la seguridad jurídica?”

Para responder a esta interrogante, señaló que en efecto al tratarse de una norma que no estaba vigente a la época de las operaciones, en principio, no podría ser sancionada a pagar la indemnización agravada. No obstante, se refiere al principio in dubio pro natura consagrado en el artículo 395 numeral 5 de la Constitución de la República, en el sentido que, cuando exista duda sobre la aplicación o conflicto entre normas de carácter ambiental, los operadores de justicia y autoridades administrativas “…deben preferir la que más proteja a la naturaleza, que en definitiva, es el contenido sustancial del indubio pro natura…”.[16]

Con base a ello, la Corte llega a su primera conclusión relacionada con a la retroactividad en materia ambiental señalado que además de no existir prohibición expresa por parte de la Constitución “…es factible la aplicación retroactiva de una norma ambiental en tanto la ley posterior brinde un mayor grado de protección a la naturaleza que la ley anterior, y siempre que al juzgador se le presenten dudas respecto de la norma que debía ser aplicada, aunque esto signifique que el derecho a la seguridad jurídica pueda verse afectado…[17].

A través de esta jurisprudencia la Corte deja en claro para jueces y autoridades administrativas que en caso de conflicto entre dos normas ambientales, se debe aplicar la que más proteja al ambiente y la naturaleza, a pesar que haya entrado en vigencia en lo posterior (como es el presente caso). Así, los jueces concluyen que el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental, incluida la indemnización agravada, eran normas que brindaban  mayor grado de protección al:

“…derecho a vivir en un ambiente sano y en definitiva a los derechos de la naturaleza, y de las personas que han sufrido afectaciones a causa de su  contaminación toda vez que es una norma que no solo sanciona fuertemente a quienes ocasionan daños ambientales sino que al ser una sanción agravada sirve como elemento de persuasión para futuros hechos contaminantes; circunstancia que le permite concluir a esta Corle, que se trataba de la norma más favorable a los derechos de la naturaleza, pues los montos de indemnización se incrementan y con ello, la posibilidad de recomponer los derechos de la mejor manera posible.”[18]

De lo transcrito se observa que, y a modo de crítica constructiva, la Corte hace referencia a los derechos de la naturaleza en el sentido que éstos son beneficiarios directos de la indemnización agravada, lo cual es relativo, ya que ese porcentaje pertenece a los demandantes a modo de incentivo por haber iniciado una acción; y si ellos deciden utilizar el monto de indemnización para trabajos de restauración, vendrá de su propia iniciativa.

Continuando con la explicación, para efectos de fortalecer su argumentación, la Corte se basó en las características y naturaleza difusa del daño ambiental[19], el cual si no es reparado correctamente, seguirá generando efectos nocivos tanto para el ambiente, la naturaleza y el propio ser humano, inclusive las generaciones futuras:

“…respecto de cómo en el juzgamiento de temas ambientales pueden generarse dudas que habiliten la elección de una norma que resulta favorable para la naturaleza, la Corte entiende que el centro de dicha interrogante se encuentra en las características del daño ambiental, el mismo que por su naturaleza es expansivo, tanto en lo temporal como en el espacio físico que invade. El daño ambiental va más allá de su centro de acción en la escala del tiempo siendo sus efectos nocivos crecientes y perdurables. Constituye por lo tanto, una problemática que concierne al interés general de la comunidad, sin fronteras y extiende su amenaza a las futuras generaciones…”[20]

En otras palabras, la perduración en el tiempo de los daños ambientales  producidos en aquella época, en razón que los mismos han continuado generando efectos nocivos al ambiente, la naturaleza y al ser humano, también constituye motivo para que se haya juzgado con el artículo 43 de la LGA, a pesar que los mismos se produjeron antes de la entrada en vigencia de esta ley.[21]

En vista de aquello, concluye la Corte, que existen razones suficientes para aplicar el principio in dubio pro natura por sobre el principio de la irretroactividad considerando además que éste último no está destinado para proteger:

“…a quienes han vulnerado derechos de circunstancias previamente no reguladas. Cuando hablamos de contaminación ambiental, (…) no es posible considerar la existencia de derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, tanto es así, que nuestro ordenamiento constitucional hoy lo concibe como una conducta imprescriptible (…) Cuando un derecho presuntamente adquirido se enfrenta a un derecho de incidencia colectiva de carácter ambiental, sí el primero pone en peligro la conservación o sostenibilidad del segundo, la Constitución de la República protege y hace prevalecer el derecho fundamental al ambiente, en virtud de los posibles daños de imposible reparación (…) Es posible afirmar entonces que nadie tiene el derecho adquirido a contaminar ni puede alegar la existencia de una situación jurídica consolidada cuando su accionar dañó el medio ambiente y además cuando estén de por medio intereses colectivos ambientales. Bajo esta lógica, es absolutamente posible e incluso en ocasiones necesaria, la aplicación retroactiva de la normativa ambiental, en la medida que esto conlleve mayores niveles de protección”[22]

Este análisis, a mi criterio es fundamental en tanto deja claro otro escenario a partir del cual el derecho al ambiente sano prevalece por sobre la seguridad jurídica. De acuerdo a lo expresado por la Corte, no cabe alegar supuestos derechos adquiridos, cuando éstos protejan un acto u omisión que generó daños ambientales.

Consecuentemente, las autoridades administrativas o judiciales se ven en la obligación de preferir la protección del ambiente por sobre la seguridad jurídica cuando, en un caso puesto a su conocimiento, colisionen ambos derechos en dos aspectos fundamentales: a) retroactividad de la norma en materia ambiental en caso de brindar mayor protección que la norma anterior y b) cuando se aleguen supuestos situaciones jurídicas consolidadas para justificar la presencia de daños ambientales.

 

Sobre la supuesta vulneración a la seguridad jurídica por aplicación retroactiva del régimen de responsabilidad objetiva

En la misma línea que los argumentos vertidos por el accionante y que han sido analizados hasta el momento,  el legitimado activo adujo que en el presente caso existió una aplicación retroactiva del régimen de responsabilidad objetiva el cual no se encontraba vigente al momento de las operaciones por parte de la empresa. Indican, entonces, que si los demandantes desean  hacer responsable a Chevron por supuestos daños ambientales, son ellos quienes deben asumir la carga probatoria.

Para resolver esta interrogante la Corte acudió a pronunciamientos previos de la Corte Nacional respecto de la responsabilidad civil, en especial sobre los artículo 2214, 2229 y 2236 del Código Civil, los cuales a criterio de ésta y en virtud de lo artículos antes anotados:

“…se encuentra vigente el régimen responsabilidad objetiva, el cual permite que la culpa y el dolo no sean presupuestos necesarios para que se configure el daño y la consecuente obligación de repararlo (…) Tal interpretación de la Corte Nacional de Justicia entiende que los fundamentos de la responsabilidad civil objetiva son el riesgo creado, pese a que este sea no culposo, y la necesidad de reparación de quienes han sido víctimas del daño…[23]  

Consecuentemente, al encontrarse vigente el Código Civil a la fecha de las operaciones, el régimen de responsabilidad objetiva era el aplicable para este tipo de actividades que de por sí generan un riesgo muy alto.[24]  La Corte, por tanto,  concluyó que la aplicación de este régimen de responsabilidad se encuentra acorde a las normas civiles y con los principios ambientales consagrados en la Constitución de la República.

Finalmente la Corte vierte un razonamiento que a mi juicio aporta al contenido del derecho al medio ambiente sano al señalar que “El régimen de responsabilidad objetiva, la inversión de la carga de la prueba, el principio de aplicación de la norma más favorable a la protección de los derechos de la naturaleza, la imprescriptibilidad de los derechos ambientales, configuran el bloque constitucional para precautelar la naturaleza…”[25]. Es decir, de acuerdo a la Corte, cada una de estas instituciones del derecho ambiental constituyen garantías para salvaguardar la eficacia de los derechos ambientales, entre ellos el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; las cuales, a criterio de la Corte, fueron interpretadas y aplicadas adecuadamente por los jueces de la justicia ordinaria, razón por la cual,  a su juicio, no se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica.

 

Apreciaciones finales sobre la sentencia n° 230-18-SEP-CC

Conforme lo que se ha podido evidenciar a lo largo del fallo, éste constituye sin duda el más importante que ha dictado la Corte Constitucional en estos 10 años de vigencia de la Constitución dentro del contexto del análisis del derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues más allá de repetir lo que ya se ha dicho sobre este, se enfrentó a escenarios jurídicos complejos que motivó a que desarrollen el por qué, cómo y en qué circunstancias, los jueces y autoridades administrativas deben preferir el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado por sobre la seguridad jurídica.

En este sentido, se puede resaltar  a lo siguiente:

1.- De acuerdo al fallo, el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado prevalece por sobre la seguridad jurídica, en tanto los operadores de justicia en caso de duda de aplicación de una norma de carácter ambiental, deberán escoger la que más proteja este derecho, en el escenario de aplicación de una norma que no estaba vigente al momento de la celebración de contratos con el Estado o de las operaciones. De igual manera, frente al derecho al ambiente sano no se pueden alegar supuestos “derechos adquiridos”, como los alegados por el Chevron por ejemplo, los cuales se  fundamentaba en la suscripción de contratos de liberación de responsabilidad.

2.- Lo anterior encuentra su fundamento en dos pilares fundamentales: a) la irrenunciabilidad del derecho, lo que genera que el Estado se vea imposibilitado de disponer de éste, en virtud de tratarse de un derecho colectivo que pertenece a la población. En el caso bajo estudio, según la Corte Constitucional, el Estado no podía haber dispuesto del ambiente de la población afectada por los daños ambientales ocasionados durante las operaciones y que no fueron reparados en su totalidad a través de la suscripción de los contratos de liberación de responsabilidad. b) El daño ambiental y sus características, notando que los mismos, cuando no son reparados adecuadamente continuarán produciendo efectos nocivos contra el ambiente y el propio ser humano con el transcurso del tiempo, poniendo en peligro incluso la vida de futuras generaciones. En el caso que nos ocupa, al no haber sido reparados en su totalidad los daños generados durante el momento de las operaciones, estos han continuado generando efectos perjudiciales hasta la actualidad; justificación suficiente de acuerdo a la Corte Constitucional para haber aplicado la LGA de manera retroactiva.

3.- Se reafirma la aplicación de la responsabilidad objetiva para actividades que por sus características generan un riesgo importante para la colectividad, razón por la cual quien debe probar la no existencia del daño, son quienes se dediquen a estas actividades riesgosas, invirtiéndose así la carga de la prueba; régimen que estuvo vigente al momento que la compañía operó y se produjeron los daños ambientales y que no fueron reparados adecuadamente conforme criterio vertido por la propia Corte Nacional.

Finalmente, es necesario señalar que esta es una muestra de la importancia de la jurisprudencia constitucional y los efectos que sobre el ordenamiento jurídico pueden generar. A través de esta jurisprudencia, como vimos, se deja en claro la posibilidad de aplicación retroactiva de una norma ambiental en tanto brinde un mayor grado de protección que la norma anterior; así como el efecto jurídico de los supuestos derechos adquiridos cuando, a través de estos, se pretenda desconocer su responsabilidad por los daños ambientales generados durante las operaciones. Importantes avances en materia ambiental sin duda alguna que hubiesen sido imposibles de alcanzar a través de una norma.

 

[1] Abogado por la Universidad de las Américas (2004); Master en derecho energético y medioambiental por la Universidad de Tulane (LLM in Energy & Environmental Law, Tulane University 2008). Ex asesor del Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente (2010-2012). Ex Asesor de la Corte Constitucional del Ecuador (2013-2016). Docente universitario (2008 – presente). Actualmente, abogado y consultor en el libre ejercicio profesional.

[2] Sentencia N° 230-18-SEP-CC dictada dentro del caso N° 105-14-EP, resuelta por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en sesión de 27 de junio de 2018.

[3]  Sentencia ut supra página 86 “…El accionante manifiesta que la decisión judicial objeto de fa presente acción extraordinaria de protección inobserva la fuerza de cosa juzgada que de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano tienen los contratos de transacción. El legitimado activo se refiere específicamente al Contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas, suscrito el 04 de mayo de 1995, a través del cual  se liberaba a TexPet y sus afiliadas de toda responsabilidad por impactos ambientales en tos sitios que representaban el área de concesión y se obligaba al Estado ecuatoriano a remediar el medio ambiente…”.

[4] Sentencia ut supra, páginas 94 y 95“…es evidente que en el caso objeto de estudio no se configura la identidad subjetiva entre el acuerdo transaccional y el  juicio por daño ambiental seguido en contra de Chevron, como elemento necesario para la existencia de cosa juzgada… Toda vez que, el convenio transaccional al que se refiere el legitimado activo, ha sido suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas en representación del Gobierno del Estado ecuatoriano, Petroecuador y TEXPET; mientras que el juicio por daño ambiental que antecede a esta causa, ha sido incoado por un grupo de personas perjudicadas por los efectos de la actividad hidrocarburífera de la compañía accionante. A partir de esta precisión, es evidente que en el caso en concreto, no se puede hablar de identidad subjetiva, pues como se observa no se trata de las mismas partes, ni ha existido en el caso del acuerdo transaccional una actuación del Gobierno en representación de derechos de terceros que permita configurar una especie de identidad entre los sujetos participantes en ambos actos jurídicos…”.

[5] Sentencia ut supra, página 94 “…el derecho a vivir en un medio ambiente sano como derecho colectivo, no deja de ser un límite al poder, de ahí que en el marco de un Estado constitucional de derechos, la existencia de los derechos colectivos refuerza los límites que desde la legalidad constitucional se imponen a las mayorías eventuales…”.

[6] Ídem,  página 98.

[7] En el escenario descrito y bajo el actual marco Constitucional hay que considerar que las acciones para perseguir y sancionar daños ambientales son imprescriptibles  además de la responsabilidad subsidiaria del Estado ante éstos (arts. 396 ultimo inciso y 397 de la CRE), por lo que en principio, los daños ambientales no podrían o deberían quedar en la impunidad.

[8] Ley de Gestión Ambiental (actualmente derogada) Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos.

Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante. Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago, que por reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta Ley. En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de reparación. Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria.

[9] Sentencia ut supra, página 99 último párrafo.- Se indica también que en el monto de indemnización fijado desde la sentencia de primera instancia, se puede ver como se aplicó el Art. 43 de la LGA como norma sustantiva pues el juez ordenó a Chevron pagar un 10% adicional, indemnización creada por dicha norma legal, que no constaba en el Código Civil ni en ninguna norma ambiental vigente al momento que TexPet operó el área de Concesión. A decir de la accionante, dicha aplicación retroactiva de las normas sustantivas vulneró su derecho a la seguridad jurídica.

[10] Sentencia up supra.- página 101.-“…En cuanto a la aplicación de los aspectos procedimentales de la Ley de Gestión Ambiental, no existe mayor discusión, considerando que el artículo 7 de Código Civil, en su numeral 20 habilita a que las normas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios (es decir procedimentales prevalezcan por sobre las normas anteriores…”

[11] Ídem, página 101.- “…En cuanto a la aplicación de los aspectos procedimentales de la Ley de Gestión Ambiental, no existe mayor discusión, considerando que el artículo 7 de Código Civil, en su numeral 20 habilita a que las normas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios (es decir procedimentales} prevalezcan por sobre las normas anteriores. Es decir, los ámbitos procedimentales de la Ley de Gestión Ambiental eran plenamente aplicables a hechos existentes antes de su vigencia porque así lo habilitaba la ley civil en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

[12] Sentencia ut supra, página 102

[13] Ídem, páginas 112 y 113.

[14] Sentencia ut supra, páginas 104 y 105.- “…En base a las distinciones que hemos realizado entre normas sustantivas y procedimentales, no puede decirse que dicha sanción agravada se encuadra en el segundo supuesto, pues precisamente contiene una obligación clara como consecuencia de un hecho, es decir regula una situación jurídica concreta y fija una consecuencia. Estamos por lo tanto, frente a una norma sustantiva, no procedimental (…) Ante esta circunstancia, la Corte debe analizar si la aplicación de dicha norma atentó contra el derecho a la seguridad jurídica de la compañía accionante. Como se mencionó, la aplicación retroactiva de las normas, en principio, trastoca el derecho a la seguridad jurídica, toda vez, que rompe la certeza jurídica que deben tener las personas sobre el derecho que regula sus actos. Ahora bien, la Corte considera necesario resaltar que el derecho a las seguridad jurídica y el correlativo principio de irretroactividad de las normas admite excepciones en situaciones fronterizas, es decir, en casos difíciles en los que se presentan conflictos entre derechos…”.

[15] Sentencia ut supra pagina 106, segundo párrafo

[16] Sentencia ut supra, página 108.

[17] Sentencia ut supra, página 109

[18]  Sentencia ut supra, página 110

[19] Sentencia ut supra página 109.-  “…Ese carácter difuso del daño ambiental plantea un marco de complejidad incluso en la individualización del nexo de causalidad en virtud de dos factores: 1) por la posibilidad de que los efectos nocivos del daño se presenten después de un período largo de tiempo; y, 2) por la propagación de sus efectos en largas distancias”.

[20] Sentencia ut supra, página 109

[21] Sentencia ut supra página 110  “…En cuanto a si en el juzgamiento del caso se pueden haberse presentado dudas que justifiquen la aplicación de una norma posterior por ser más favorable, la Corte observa que el caso resulta de tal grado de complejidad, que incluso es difícil situar el momento exacto en que ocurrió el hecho contaminante, considerando que no se trató de un accidente aislado sino de la operación petrolera en su conjunto que duró alrededor de 2S años, con más razón podrían surgir dudas sobre la norma que se encontraba vigente al momento del daño, pues incluso considerando que el daño ambiental no ha sido reparado podría considerarse que este subsiste en el tiempo y como tal, las normas vigentes pueden ser aplicadas.”

[22] Sentencia ut supra, página 112

[23] Sentencia ut supra, páginas 113 y 114.

[24] Sentencia ut supra, página 114

[25] Sentencia ut supra, página 115


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