Atrás

Sentencia No. 170-17-SEP-CC dictada por la Corte Constitucional del Ecuador dentro del Caso No. 0273-14-EP

Por Emilio Suárez Salazar
Abogado y Socio de del estudio jurídico Durini & Guerrero Abogados

 

1. Datos de la sentencia

No. de sentencia: 170-17-SEP-CC.

Fecha de la sentencia: 7 de junio de 2017.

Tipo de acción: Acción extraordinaria de protección.

Juez ponente: Tatiana Ordeñana Sierra.

Demandante o peticionario: Edison Fernando Ibarra Serrano por sus propios derechos y en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas –CEDOC-CLAT

Sentencia o auto cuestionado: Sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 16 de diciembre de 2013, dentro de la acción de protección No. 2013-0299.

Palabras clave: Legitimación activa; acción popular; inconstitucionalidad conexa.

 

2. Resumen del análisis

El análisis que se realizará de esta sentencia, no será respecto del fondo del caso que resolvió la Corte Constitucional en relación a la demanda de acción extraordinaria de protección propuesta por el señor Edison Fernando Ibarra Serrano por sus propios derechos y en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas –CEDOC-CLAT, sino que girará en torno a la declaratoria de inconstitucionalidad conexa que se realiza respecto de la frase “vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales” prevista en el Art. 9 literal a) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

3. Sumario de la sentencia

El señor Edison Fernando Ibarra Serrano por sus propios derechos y en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas –CEDOC-CLAT, presentó una acción de protección alegando la vulneración de derechos de 31 afiliados de la organización que representa, quienes laboraban en varios hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, tanto el Juez de la Unidad Judicial Primera de Contravenciones del cantón Quito, como la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, rechazaron la demanda señalando que existía ilegitimidad de personería activa, en virtud de que el Art. 9 literal a) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que podrán interponer garantías jurisdiccionales “… cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado”.

En este caso, al no contar el señor Edison Fernando Ibarra Serrano, con poder o autorización de los 31 afiliados de su organización a quienes dice representar, los jueces consideraron que éste no se encontraba legitimado para interponer esta garantía jurisdiccional. 

 

4. El problema jurídico

El problema jurídico que aborda la Corte Constitucional, es si en el Ecuador existe legitimidad activa abierta o “acción popular”, en materia de garantías jurisdiccionales.

 

5. Argumentos  de la decisión  

La Corte Constitucional señala que existe una contradicción entre lo previsto en el Art. 86 numeral 1 de la Constitución[1] y el Art. 9 literal a) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional[2]. Si bien la Corte reconoce que pueden existir limitaciones “legítimas” a los derechos y garantías jurisdiccionales en un cuerpo normativo inferior a la Constitución, señala que éstos deben justificarse en un fin constitucionalmente válido, lo cual en este caso no sucede, pues el Art. 9 literal a) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional impone un filtro restrictivo al acceso a la justicia constitucional, confundiendo la legitimidad activa abierta con la identidad de la víctima.

 

6. Valoración crítica del análisis jurídico realizado por la CC.

Desde mi punto de vista, la Corte Constitucional resuelve una de las tantas contradicciones que existen entre la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con la Constitución vigente. La legitimidad activa abierta en materia de garantías jurisdiccionales, ha sido un tema ampliamente debatido en el Ecuador incluso en la propia Asamblea Constituyente. Es por esta razón, que en el Art. 86 numeral 1 de la Constitución, no existe restricción o filtro alguno para interponer una garantía jurisdiccional.

Sin embargo el legislador, al momento de expedir la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional confundió la legitimidad activa con la identidad de la víctima cuyos derechos han sido amenazados o vulnerados, y por tanto en el Art. 9 literal a), incorporó disposiciones de las que se desprende que solamente quienes se encuentren esa situación podrán interponer una garantía jurisdiccional.

Curiosamente en este mismo cuerpo legal, se establecían normas contradictorias con la prevista en el Art. 9 literal a), en las que se reconocía la legitimidad abierta en este tipo de acciones, por ejemplo el Art. 10 numeral 1; Art. 14; Art. 17; entre otros.

En virtud de esta declaratoria de inconstitucionalidad, el Art. 9 literal a) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales quedó de la siguiente manera:

“Art. 9.- Legitimidad activa.- Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas:

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado”.

De la revisión que se puede dar al artículo, se puede apreciar que la Corte Constitucional cometió un error al no declarar también la inconstitucionalidad de la frase “quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado”, la cual continúa generando el mismo filtro restrictivo que la frase declarada inconstitucional en esta sentencia.

Sin perjuicio de esto, en mi opinión, cuando un Juez conozca una garantía jurisdiccional debe entender que por mandato constitucional,  existe legitimidad activa abierta en este tipo de acciones, tal y como la ratio decidendi de esta sentencia lo confirma.

En consideración a lo anotado, en mi opinión no queda duda que en el Ecuador existe legitimidad activa abierta en materia de garantías jurisdiccionales, con excepción de la acción extraordinaria de protección y el habeas data, que tienen reglas específicas debido a su naturaleza.    


[1] “Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución.”

[2]Art. 9.- Legitimidad activa.- Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado;” (El subrayado y resaltado me pertenecen)


NOTICIAS
Académicas/os, abogadas/os, y defensoras/es de derechos humanos presentaron dos amicus en el proceso de medidas cautelares...