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Sentencia No. 042-17-SIS-CC dictada por la Corte Constitucional del Ecuador dentro del caso No. 018-12-IS

Por Emilio Suárez Salazar
Abogado y Socio de del estudio jurídico Durini & Guerrero Abogados

 

1. Datos generales del caso

No. de sentencia: 042-17-SIS-CC.

Fecha de la sentencia: 30 de agosto de 2017.

Tipo de recurso: Acción de incumplimiento.

Juez ponente: Marien Segura.

Demandante o peticionario: Pablo Javier Triviño Ochoa por sus propios y personales derechos.

Antecedentes del caso: El 3 de enero de 2012, Pablo Javier Triviño Ochoa, presentó una acción de incumplimiento de la sentencia dictada el 26 de abril de 2010, por la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección No. 262-2010, en la cual se aceptó su demanda y se ordenó a la compañía Proforestal la restitución al puesto de trabajo al señor Trivió, así como al pago de las remuneraciones que dejó de percibir. De forma paralela, la compañía Proforestal, presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la misma sentencia dictada por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Decisión cuyo incumplimiento es alegado en la demanda: Sentencia dictada por la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas el 26 de abril de 2010, dentro de la acción de protección No. 0262-2010, en la cual se decidió “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, revocando la sentencia venida en grado, DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN interpuesta por Pablo Javier Triviño Ochoa y en pleno ejercicio de la Acción de Protección de Derechos Constitucionales del actor; ordena se reincorpore de forma inmediata a su puesto de trabajo al accionante, en calidad de profesional 4 de la Unidad de Promoción y Desarrollo de Forestal PROFORESTAL con sede en la ciudad de Guayaquil. Que se liquide y pague al accionante, todos los emolumentos que le corresponden durante el tiempo de cesación de sus funciones.

Palabras clave: Acción de incumplimiento; acción extraordinaria de protección; ejecución inmediata; eficacia de las garantías jurisdiccionales.   

 

2. Resumen del análisis

El análisis que se realizará de esta sentencia, no tiene relación con el fondo del caso que resolvió la Corte Constitucional en relación a la demanda de acción de incumplimiento presentada por el señor Pablo Javier Triviño Ochoa, por medio de la cual alega el incumplimiento de la sentencia dictada el 26 de abril de 2009 por la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dentro de la acción de protección No. 262-2010, sino que girará en torno a la jurisprudencia vinculante dictada en función de Art. 436 numeral 6 de la Constitución y que consta en la parte resolutiva de la misma.

 

3. Sumario

El presente caso es utilizado por la Corte Constitucional para resolver un conflicto en materia de garantías jurisdiccionales que se ha presentado de forma reiterada. Este conflicto consiste en que frente a una sentencia expedida en materia de garantías jurisdiccionales constitucionales, se interpone, de forma paralela, una acción extraordinaria de protección alegando vulneración del derecho al debido proceso, y, por otra, una acción de incumplimiento por medio de la cual se busca la ejecución de la sentencia dictada en el proceso de acción de protección.

4. El problema jurídico

La Corte Constitucional, en el presente caso, en consideración a la interposición de dos garantías jurisdiccionales con objetos distintos frente a una misma sentencia, se vio en la necesidad de tomar una posición respecto de las siguientes interrogantes: 

  1. ¿Debe primar el derecho a la seguridad jurídica por el cual, la Corte Constitucional debe resolver la acción extraordinaria de protección previo a resolver sobre el incumplimiento o no de la sentencia de acción de protección?
  1. ¿Debe primar el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de eficacia de las garantías jurisdiccionales, por el cual la Corte Constitucional debe resolver el incumplimiento de la sentencia previo a verificar la eventual vulneración del derecho al debido proceso a través de la acción extraordinaria de protección?

 

5. Argumentos  de la decisión  

La Corte Constitucional resolvió este conflicto, señalando que frente a la interposición de una acción extraordinaria de protección y una acción de incumplimiento en contra de una misma sentencia dictada a propósito de garantía jurisdiccional constitucional, la Corte Constitucional debe dar prioridad y resolver primero la acción extraordinaria de protección, por cuanto es menester determinar previamente si la sentencia cuestionada vulnera o no derechos constitucionales, para posteriormente determinar si la misma ha sido o no cumplida.

En este sentido, se resuelve que en casos análogos, la Corte Constitucional deberá suspender la sustanciación de la acción de incumplimiento, hasta que la Corte Constitucional resuelva la acción extraordinaria de protección.

En base a esta argumentación, la Corte Constitucional dictó el siguiente precedente vinculante, en base a la facultad prevista en el Art. 436 numeral 6 de la Constitución:

En los casos en que se presenten dos tipos de garantías jurisdiccionales –acción extraordinaria de protección y acción de incumplimiento de sentencias- de forma simultánea ante la Corte Constitucional y que las mismas se encuentren relacionadas con una misma sentencia garantías jurisdiccionales, el Pleno de la Corte Constitucional deberá priorizar la sustanciación de la acción extraordinaria de protección, de manera que una vez emitida la sentencia que corresponda, se proceda a conocer y sustanciar la acción de incumplimiento que verse sobre el mismo fallo. Esto con el objeto de evitar la emisión de decisiones contradictorias y para efectos de que establezca inicialmente si el fallo impugnado tanto por acción extraordinaria de protección como por acción de incumplimiento vulnera o no derechos constitucionales, previo a analizar si se ha ejecutado o no integralmente.”

 

6. Valoración crítica del análisis jurídico realizado por la Corte Constitucional.

La naturaleza jurídica de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador es tutelar (salvo las medidas cautelares constitucionales), es decir, buscan la protección eficaz e inmediata de los derechos constitucionales[1], a través de sentencias que reparen integralmente cualquier vulneración o menoscabo que el titular de ese derecho hubiese sufrido.

Precisamente, debido a la naturaleza jurídica de este tipo de acciones, el Art. 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece:

“Art. 162.- Efectos de las sentencias y dictámenes constitucionales.- Las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o ampliación, y sin perjuicio de su modulación.”

Como se puede ver, el legislador consiente de que en el caso de aceptarse una garantía jurisdiccional, a través de ella se están reparando derechos constitucionales vulnerados, estableció claramente que la sentencia debe ser de inmediato cumplimiento, garantizándose de esta manera el derecho a la tutela judicial efectiva[2]. Por tanto, la interposición de recursos de aclaración, ampliación e incluso de apelación[3], no suspenden la ejecución de la sentencia.

La Corte Constitucional, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en este sentido, ratificando que las sentencias que se dictan producto de una garantía jurisdiccional, son de inmediato cumplimiento. Así por ejemplo en la sentencia No. 045-13-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0499-11-EP, la Corte estableció lo siguiente:

El artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que las “…sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o ampliación…”. De lo expresado se colige que la ejecución de las sentencias constitucionales, debe ser estudiada aisaladamente de los elementos procesales, tales como la interposición de recursos. En aquel sentido, la disposición legal es clara en establecer que las decisiones constitucionales son de inmediato cumplimiento, por lo que la formulación de recursos, sean estos horizontales o verticales, no inciden en la ejecución de la sentencia constitucional.”[4]

Sin embargo en la sentencia materia del presente análisis, la Corte Constitucional, desde mi punto de vista, contradiciendo el principio de eficacia de las garantías jurisdiccionales, resuelve que, frente a la interposición de una acción extraordinaria de protección y una acción de incumplimiento en contra de una misma sentencia de acción de protección, debe primar la resolución de la acción extraordinaria de protección y por tanto suspenderse la sustanciación de la acción de incumplimiento.  

Esta decisión, que a partir de la expedición de esta sentencia constituye precedente vinculante, genera las siguientes consecuencias:

  • Las sentencias que se expidan dentro de procesos de garantías jurisdiccionales, son inmediatamente ejecutables, salvo que frente a ella se interponga una acción extraordinaria de protección y, paralelamente, una acción de incumplimiento.
  • Pese a que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional expresamente prevé que la interposición de una acción extraordinaria de protección no suspende los efectos de la sentencia cuestionada[5], en el caso materia de análisis, la Corte Constitucional establece una excepción a esa regla, pues la interposición de una acción extraordinaria de protección respecto de una sentencia expedida dentro de una garantía jurisdiccional, suspende la ejecución de la misma, siempre que se haya interpuesto también una acción de incumplimiento.
  • Podría ocurrir que los jueces que conocen las garantías jurisdiccionales, en base al argumento de que “primero se debe resolver la acción extraordinaria de protección para verificar la vulneración o no de derechos constitucionales”  se abstengan de ejecutar integralmente las sentencias por medio de las cuales se conceden esas garantías, hasta que la Corte Constitucional resuelva la acción extraordinaria de protección.
  • Finalmente, se debe considerar que la sustanciación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional toma meses e incluso en varios casos años. Por lo tanto, quien inicialmente obtuvo una decisión reparatoria de sus derechos, pero que se vio en la necesidad de demandar su incumplimiento ante la misma Corte Constitucional por la inoperancia del juez de primer nivel o por la rebeldía del demandado de cumplir la decisión, se verá en la obligación de esperar ese tiempo para que la Corte conozca su pedido de que se declare el incumplimiento de la sentencia y ordene las medidas que el caso amerite. Hasta que aquello ocurra ¿qué sucede con los derechos constitucionales vulnerados? ¿existiría una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva en la dimensión de poder ejecutar las decisiones jurisdiccionales? Personalmente considero que la respuesta a la segunda interrogante planteada es afirmativa.
 

[1] Art. 6 numeral 1 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

[2] Art. 75 Constitución vigente.

[3] Art. 24 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

[4] Pronunciamiento similar ver en la sentencia No. 016-17-SIS-CC dictada dentro del caso No. 0104-11-IS

[5] Cfr. Art. 62 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.